Uruguay debate redes, datos y juego online

Actualización 31 de agosto de 2026: El proyecto sobre redes sociales y menores quedó mejor definido en su esquema de sanciones, con multas de entre 500.000 y 1.000.000 de dólares administradas por AGESIC. Además, Parlamento, AGESIC y ONU impulsan una consulta pública sobre el impacto de redes sociales, videojuegos e inteligencia artificial en niños y adolescentes, abierta hasta el 10 de septiembre de 2026.

Uruguay abrió en agosto una serie de discusiones legislativas y sectoriales que tocan privacidad, plataformas digitales y compliance. En la Cámara de Representantes ingresó un proyecto para prohibir que menores de 15 años creen perfiles en redes sociales, mientras que el Senado aprobó el Sistema de Finanzas Abiertas con una cláusula que impide restringir trámites o servicios a quienes no autoricen el uso de sus datos. Al mismo tiempo, operadores de casinos impulsan una regulación del juego online con controles de seguridad y trazabilidad.

¿Qué propone el proyecto sobre redes sociales y menores?

El texto impulsado por el diputado colorado Felipe Schipani propone prohibir que menores de 15 años creen perfiles en redes sociales y fija restricciones adicionales para adolescentes de 15 a 17 años. Entre ellas, obliga a que los perfiles sean privados y limita la publicidad segmentada dirigida a ese grupo etario.

La iniciativa ingresó a la Cámara de Representantes en los primeros días de agosto de 2026, según la diaria. El proyecto también asigna la responsabilidad del cumplimiento a las plataformas digitales y prevé multas que la publicación ubica entre 500.000 y un millón de dólares. La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, sería la encargada de aplicarlas.

Schipani calificó esas sanciones como bastante onerosas, en línea con un esquema pensado para tener impacto económico sobre las plataformas si incumplen la norma. La propuesta se instaló en medio de una discusión más amplia sobre qué límites regulatorios pueden aplicarse a servicios dirigidos a menores sin frenar el uso legítimo de las redes.

¿Qué cambió en el Sistema de Finanzas Abiertas?

El Senado aprobó el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida con una modificación al artículo que crea el Sistema de Finanzas Abiertas para proteger al usuario frente a represalias por no consentir el uso de sus datos personales. La redacción incorporada establece que esa negativa no podrá frenar trámites ni condicionar el acceso a productos o servicios.

El tema venía siendo discutido en la Comisión de Hacienda del Senado, donde comparecieron el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay. Según El País, el senador nacionalista Sergio Botana planteó el riesgo de un Gran Hermano de los datos financieros, mientras que la secretaria general del BCU, Viviana Pérez Benech, sostuvo que el sistema no introduce excepciones al secreto bancario.

En paralelo, la discusión legislativa había incluido una redacción que habilitaba a entidades supervisadas por el BCU a compartir información protegida por confidencialidad o secreto bancario con casas matrices, sucursales, subsidiarias u otras entidades del grupo económico dentro y fuera del país. Esa posibilidad generó preocupación política por el alcance del levantamiento del secreto.

¿Qué piden algunos legisladores sobre la información personal?

Durante el tratamiento del mismo proyecto, legisladores de la oposición promovieron que el fortalecimiento del sistema de finanzas abiertas incorpore un derecho personal, absoluto e intransferible al secreto de la información personal. La idea buscaba evitar que los ciudadanos queden presionados a consentir la revelación de sus datos.

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó el texto con acuerdos entre el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, aunque el sustituto opositor no quedó finalmente incorporado en la versión aprobada. La definición dejó una señal de respaldo político al esquema, pero también mantuvo abierta la discusión sobre el alcance de las salvaguardas.

¿Qué impulsa CUOASEC sobre el juego online?

La Cámara Uruguaya de Operadores y Agentes de Juegos de Entretenimiento y Casinos, CUOASEC, impulsó en agosto una propuesta para legalizar y regular el juego online en Uruguay. La iniciativa exigiría autorización estatal para toda actividad de juego online y limitaría la operación a empresas con licencia bajo supervisión regulatoria.

La propuesta también contempla un dominio exclusivo .bet.uy para identificar operadores autorizados, un Registro Nacional de Usuarios, trazabilidad de las operaciones, protección de datos personales, prevención de la ludopatía, lucha contra el lavado de dinero, requisitos de ciberseguridad, mecanismos de autoexclusión y un régimen de sanciones. Según Yogonet, la regulación también incluiría restricciones para operadores no autorizados.

Otras coberturas, como RadarDigital.ai, señalaron que CUOASEC presentó la iniciativa al Poder Ejecutivo y reforzó el uso del dominio .bet.uy y del registro de usuarios como herramientas de control y rastreabilidad. ACE Alliance añadió que la propuesta no figura todavía en registros legislativos o regulatorios públicos del gobierno uruguayo y la describió como una iniciativa sectorial en busca de respaldo político y regulación estatal.

¿Qué incluye la consulta pública sobre jóvenes y pantallas?

Parlamento, AGESIC y ONU impulsan una consulta pública sobre el impacto de redes sociales, videojuegos e inteligencia artificial en la vida, el aprendizaje y la salud mental de niños y adolescentes. La convocatoria está abierta hasta el 10 de septiembre de 2026 y prevé un informe final para el 30 de noviembre.

La iniciativa corre en paralelo al debate parlamentario sobre redes sociales y menores y puede aportar evidencia para ese tratamiento. También amplía la discusión hacia videojuegos e inteligencia artificial, dos áreas que no estaban en el centro de la propuesta original pero que hoy forman parte del mismo proceso de consulta.

¿Hay una ley uruguaya específica para inteligencia artificial?

A agosto de 2026 no se identifica en Uruguay una ley vigente cuyo objeto específico sea regular la inteligencia artificial. El dato surge de un análisis jurídico de NotaryData sobre secreto profesional e IA, que aclara que no existe un marco legal dedicado a esa tecnología en el país en esa fecha.

Ese mismo análisis agrega que sí rigen normas sectoriales y principios generales, como los vinculados con protección de datos personales y responsabilidad profesional, que se aplican de forma indirecta al uso de herramientas de IA en el ejercicio notarial. En otras palabras, el vacío normativo es específico, pero no deja a la tecnología fuera de todo encuadre legal.