Perú discute ley de ciberseguridad y freno a IA

En Perú, el debate legislativo se mueve entre tres frentes, la ausencia de una Ley General de Ciberseguridad, la aplicación de las primeras reglas sobre inteligencia artificial y un proyecto de Renovación Popular que busca penalizar la llamada apología del delito agravado cuando se difunda por medios de comunicación o plataformas digitales.

¿Qué falta en materia de ciberseguridad?

El país aún carece de una Ley General de Ciberseguridad, según el análisis publicado por El Peruano, y esa norma serviría para dar sustento jurídico e institucional a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, definir competencias y establecer qué operadores son esenciales o de infraestructura crítica.

El suplemento Jurídica de El Peruano sostuvo el 19 de agosto de 2026 que una ley de ese tipo permitiría consolidar un sistema nacional de ciberseguridad y fortalecer la resiliencia frente a ciberataques, tomando como referencia el modelo chileno. En ese mismo análisis no se mencionó un proyecto de ley específico en trámite.

¿Qué se está discutiendo sobre inteligencia artificial?

Además del vacío legal en ciberseguridad, el ecosistema normativo peruano viene de la implementación de la Ley 31814 sobre inteligencia artificial, con un plazo que expira el 10 de septiembre para empresas de seis sectores, según Hazlodigital.pe.

Aunque ese proceso forma parte de la agenda digital del Estado, los materiales revisados no identifican un proyecto de ley de ciberseguridad o de protección de datos que esté avanzando en paralelo en el Congreso durante estos días.

¿Qué propone el proyecto sobre apología del delito?

El Proyecto de Ley N.° 00043/2026-2031-CD, presentado por el congresista Aldo Antonio Bravo Quispe de Renovación Popular, propone incorporar al Código Penal el delito de "apología al delito agravado" con penas de cuatro a seis años de prisión, y agrava la sanción cuando la conducta se cometa mediante medios de comunicación o plataformas digitales.

Infobae y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú reportaron que la ANP advierte que la iniciativa puede afectar la libertad de expresión y la labor periodística. Pressenza informó el 19 de agosto de 2026 que la asociación considera que el texto afecta seriamente la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo.

La República agregó el 21 de agosto de 2026 que el proyecto también apunta expresamente a periodistas, comunicadores, líderes de opinión y personas con capacidad de convocatoria pública como sujetos alcanzados por el debate legislativo.

¿Cómo encaja esto en la agenda del Gobierno?

Mientras tanto, Infobae recogió el 21 de agosto de 2026 declaraciones del ministro del Interior ante el Congreso, en las que afirmó que se está fortaleciendo la ciberseguridad, la gobernanza de datos y la trazabilidad de los sistemas policiales como parte de la respuesta estatal frente a la criminalidad, aunque sin detallar proyectos de ley específicos en trámite.

Ese contraste se suma a lo publicado por El Comercio el 18 de agosto de 2026, que informó que, veinte días después del anuncio de la presidenta Keiko Fujimori sobre un proyecto para solicitar facultades legislativas en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, el pedido todavía no había sido formalizado ante el Congreso y no existía un documento oficial presentado por el Ejecutivo.