Uruguay avanza en leyes sobre datos y juego online

Actualización 26 de agosto de 2026: Inmujeres sigue trabajando con un grupo de expertas en la adaptación al contexto uruguayo de la Ley Modelo Interamericana sobre violencia digital contra las mujeres. Además, el proyecto de finanzas abiertas avanzó en el Senado, mientras la propuesta de regulación del juego en línea sumó detalles sobre sus obligaciones para operadores habilitados.

La Cámara de Operadores y Arrendadores de Servicios de Casinos y Salas de Espectáculos de Uruguay, CUOASEC, presentó al Poder Ejecutivo un proyecto de ley para regular el juego en línea. La propuesta exige autorización estatal para todas las actividades de juego online, limita la participación a operadores con licencia y suma obligaciones de bloqueo de plataformas no autorizadas, ciberseguridad, trazabilidad, protección de datos y prevención del lavado de activos.

¿Qué incluye el proyecto sobre juego en línea?

El texto impulsado por CUOASEC incorpora un dominio exclusivo, .bet.uy, para identificar a los operadores habilitados, además de un Registro Nacional de Usuarios y mecanismos de autoexclusión de jugadores. También prevé un régimen de sanciones y medidas para la prevención de la ludopatía, en un esquema que busca concentrar la oferta bajo supervisión regulatoria.

De acuerdo con Yogonet, el proyecto apunta a ordenar una actividad que hoy sigue sin una regulación integral aprobada por Diputados. La publicación recordó que en la Cámara de Diputados permanece pendiente un proyecto de ley sobre juego en línea que fue aprobado por el Senado en agosto de 2022 y todavía no fue examinado por la cámara baja.

¿Qué mueve Inmujeres en violencia digital?

Inmujeres trabaja con un grupo de expertas en la adaptación de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, aprobada en diciembre de 2025 en el ámbito del Mesecvi de la OEA.

Según Búsqueda, el organismo evalúa que la futura iniciativa sobre violencia digital y regulación de deepfakes sexuales pueda presentarse como proyecto del Poder Ejecutivo o como un borrador de trabajo para el debate parlamentario. Mónica Xavier, citada por ese medio, sostuvo que la definición de la vía institucional sigue abierta.

La ley modelo que Inmujeres está adaptando define la violencia digital como cualquier acción, conducta u omisión contra las mujeres basada en género que cause daño físico, sexual, psicológico, político o económico y que sea cometida, instigada o agravada por el uso de tecnologías digitales. El texto incluye amenazas, hostigamiento reiterado, campañas de odio, acoso sexual en línea, extorsión digital y la obtención, difusión o manipulación de imágenes íntimas sin consentimiento.

Ese punto anticipa que el futuro texto uruguayo incorporará un tratamiento específico para los deepfakes sexuales dentro del marco de protección de datos y violencia de género.

¿Cómo avanza el sistema de finanzas abiertas?

El proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida avanza en el Parlamento uruguayo con un capítulo que crea un sistema de finanzas abiertas, que implicaría el cruce y la compartición de datos financieros entre entidades bajo autorización expresa de la persona titular de la información.

Ese punto fue debatido en la Comisión de Hacienda del Senado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay. La senadora Liliam Kechichian destacó que, según aclaró el BCU, el uso de datos personales requerirá consentimiento expreso, como salvaguarda para la privacidad y el secreto bancario.

El tratamiento legislativo ya avanzó con la aprobación de más de 120 artículos en comisión, según La Diaria, mientras que Ámbito informó que el texto obtuvo amplio respaldo político y fue agendado para votación en el plenario del Senado en la misma semana. En paralelo, el senador Sergio Botana advirtió sobre el riesgo de que el sistema se convierta en un "Gran Hermano" de los datos financieros, algo que la secretaria general del BCU, Viviana Pérez Benech, rechazó al remarcar que el régimen no implica una excepción al secreto bancario y que la información se compartirá solo de forma segura y bajo consentimiento.