Perú impulsa facultades sobre digitalización

La Presidencia del Consejo de Ministros de Perú presentó al Congreso un proyecto de delegación de facultades legislativas por 120 días, aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye modernización y transformación digital del Estado, simplificación administrativa y un paquete de medidas sobre transformación y seguridad digital para sectores público y privado. El trámite ya está en evaluación en la Cámara de Diputados y luego pasará al Senado.

¿Qué incluye el pedido de facultades?

El proyecto agrupa 66 solicitudes y abarca ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, prevención y mitigación del fenómeno El Niño, promoción del empleo, organización y modernización del Estado, y simplificación administrativa. Según la PCM y los medios que siguieron el trámite, la decisión final sobre el alcance de las materias delegadas corresponde al Congreso.

El diario oficial El Peruano detalló que el bloque de simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital contiene medidas orientadas a la digitalización de actividades y servicios del Estado, el desarrollo de plataformas e infraestructuras públicas digitales interoperables y escalables, y el uso de credenciales digitales y firmas electrónicas. También vinculó esa agenda con metas de formalización de micro y pequeñas empresas mediante la reducción de barreras administrativas.

Infobae Perú precisó que ese cuarto bloque está dedicado a simplificación administrativa y transformación digital del Estado, con énfasis en la reducción de cargas burocráticas y en la incorporación de soluciones basadas en tecnologías digitales. Prensarte, por su parte, describió el mismo paquete de 66 solicitudes y confirmó que la agenda digital quedó integrada con reformas de seguridad ciudadana, empleo y tributación.

¿Qué pasa mientras avanza el trámite parlamentario?

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente para evaluar el pedido, mientras la bancada Ahora Nación informó que continúa analizando la propuesta. Gestión reportó además que el Gobierno subsanó observaciones formales y remitió el acta corregida al Congreso, de modo que la Cámara de Diputados continúe el trámite.

Andina también describió el camino legislativo del proyecto y señaló que las normas a dictarse en el plazo solicitado se agrupan en ocho materias vinculadas con seguridad ciudadana, cambio climático y dinamización de la economía nacional, entre otras. La versión en inglés de la agencia oficial confirmó el plazo de 120 días calendario para legislar por decreto.

¿Cómo se conecta esto con los ciberdelitos y la ciberseguridad corporativa?

El debate legislativo coincide con un proyecto aparte, el Proyecto de Ley 14045/2025-CR, que propone incorporar determinados ciberdelitos tipificados en la Ley N.º 30096 al catálogo de delitos de la Ley N.º 30424 sobre responsabilidad penal de personas jurídicas. De aprobarse, las empresas podrían ser penalmente responsables por esos delitos informáticos.

Juztina.ai señaló además que ese proyecto incluye una disposición complementaria final que ordena al Poder Ejecutivo adecuar el reglamento de la Ley N.º 30424 en un plazo de 90 días calendario para incorporar lineamientos técnicos mínimos de ciberseguridad aplicables a los modelos de prevención que implementen las personas jurídicas. En paralelo, El Peruano informó que INACAL aprobó nuevas Normas Técnicas Peruanas relacionadas con privacidad y ciberseguridad, incluida la NTP-ISO/IEC 27031:2026 sobre preparación de las tecnologías de la información y comunicaciones para garantizar la continuidad del negocio.

Infobae Perú también indicó que uno de los ejes del pedido de facultades incluye la modificación de la Ley de Delitos Informáticos dentro de cambios sobre armas, explosivos y telecomunicaciones, para fortalecer el control y rastreo, bloqueo y baja de líneas de equipos electrónicos usados en delitos, especialmente desde cárceles. Esa cobertura anticipa que parte del uso de las facultades podría tocar el régimen de ciberdelitos más allá del Proyecto 14045/2025-CR.