Perú pide facultades para rastrear y bloquear móviles

El Poder Ejecutivo de Perú remitió al Congreso de la República un proyecto de ley para delegación de facultades legislativas por 120 días que incorpora medidas de seguridad ciudadana sobre rastreo, localización, geolocalización, control, registro, trazabilidad, baja de líneas y bloqueo de equipos terminales móviles u otros dispositivos electrónicos usados ilícitamente. La iniciativa fue presentada formalmente por la PCM ante la Cámara de Diputados, en un paquete de 66 pedidos, y ya fue aprobada por el Consejo de Ministros.

¿Qué incluye el pedido de facultades?

El pedido cubre seguridad ciudadana, modernización del Estado y simplificación administrativa, según el Consejo de Ministros y la cobertura de El Peruano. En el bloque de seguridad, Guik.pe detalló que el proyecto contempla rastreo, localización, geolocalización, control, registro, trazabilidad, baja de líneas y bloqueo de equipos usados ilícitamente.

Infobae añadió que una de las modificaciones al régimen de telecomunicaciones buscaría agilizar la identificación, geolocalización y bloqueo de teléfonos y dispositivos móviles usados ilícitamente desde penales y centros juveniles. En la misma línea, El Comercio señaló que la ampliación de herramientas de rastreo y geolocalización podría tener impacto en el tratamiento de datos de comunicaciones y en posibles obligaciones de cumplimiento para operadores y proveedores vinculados a ciberseguridad y vigilancia electrónica.

¿Qué otras medidas mencionó la cobertura?

La cobertura también reportó una agenda de seguridad más amplia dentro del mismo pedido de facultades. Infobae indicó que se incluiría la creación de un registro de libertad vigilada postpenitenciaria para reclusos de alta peligrosidad, como mecanismo de seguimiento tras su salida del sistema penal.

Además, el mismo medio informó que el titular de la PCM defendió públicamente la urgencia de la delegación de facultades en seguridad ciudadana y sostuvo que el servicio de inteligencia debería contar con operaciones que hoy no están disponibles para detectar bandas criminales a tiempo. El Comercio, por su parte, describió que el proyecto ante el Congreso bicameral contempla medidas que alcanzarían a la intervención de fuerzas del orden y a la DINI.

¿Cómo se articula con la agenda administrativa del gobierno?

El pedido no se limita a seguridad y también incluye modernización del Estado y simplificación administrativa, de acuerdo con Agenda País, Diario Las Américas y El Peruano. Agenda País señaló que el Ejecutivo enviaría al Congreso un paquete de 66 reformas dentro de este esquema de delegación por 120 días.

En paralelo, el Decreto Supremo Nº 123-2026-PCM fue refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y varios ministros de Estado, según Actualidad Civil. El texto citado lo ubica como una norma del Poder Ejecutivo con posible impacto en políticas de seguridad, defensa y comunicaciones, aunque esa publicación no detalla contenido específico en ciberseguridad o protección de datos.

¿Qué antecedente aparece en protección de datos?

La actualización reciente del Reglamento de la Ley 29733 sobre protección de datos personales aparece como contexto normativo relevante para leer este paquete de medidas, según La Cámara. En el material provisto no se detallan aquí los artículos concretos del reglamento, pero sí se la presenta como una referencia útil frente a medidas que amplían rastreo, geolocalización y tratamiento de información de comunicaciones.

El contraste entre ambas discusiones, el pedido de facultades y el refuerzo del reglamento de datos, queda planteado en la propia cobertura disponible. No hay en el material una definición oficial sobre cómo se compatibilizarán ambas agendas ni un detalle cerrado sobre eventuales exigencias específicas para operadores y proveedores de servicios.