Mendoza avanza con dos leyes de ciberseguridad

Actualización 20 de agosto de 2026: Fuerza Patria amplió su proyecto de protección de datos en Mendoza con privacidad desde el diseño, aviso en 72 horas y un Fondo de Reparación financiado con el 50% de las multas. Además, el senador Lucas Ilardo remarcó el deber de informar, reparar y transparentar los datos comprometidos.

El proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el Poder Ejecutivo de Mendoza sigue en debate en las comisiones del Senado provincial, mientras que la propuesta paralela de Fuerza Patria sobre protección de datos agregó definiciones sobre privacidad desde el diseño, reparación del daño y destino de multas. Ambos textos siguen en tratamiento legislativo y apuntan a reforzar la respuesta estatal frente a incidentes informáticos.

¿Qué propone el texto del Ejecutivo?

La iniciativa fue presentada por el gobernador Alfredo Cornejo en la Legislatura y plantea la creación de un Sistema Provincial de Ciberseguridad. Ese esquema busca coordinar políticas de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a incidentes que afecten infraestructuras digitales o información crítica. Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial incluso la señalan como una posible primera ley de este tipo en el país.

Diario Judicial detalló que el proyecto no se limita a un marco institucional general. También incorpora un régimen de gobierno de datos que abarca todo el ciclo de vida de la información, desde la creación y el almacenamiento hasta el intercambio y la eliminación segura. Para los organismos alcanzados, eso implica obligaciones específicas de trazabilidad, seguridad y conservación.

El mismo análisis agrega que el alcance del texto oficial incluye al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de terceros que provean servicios tecnológicos, infraestructura, conectividad, software o custodia de información al Estado. La cobertura también se extiende a prestadores de servicios críticos esenciales, con una lógica que supera a la administración pública estricta.

¿Cómo funcionaría la autoridad operativa?

Según Diario Judicial, el proyecto prevé la creación de una autoridad de ejecución operativa distinta del comité ejecutivo. Ese organismo sería el encargado de implementar las medidas técnicas del plan provincial. Además, el texto contempla un régimen sancionatorio escalonado para los organismos que incumplan estándares obligatorios, omitan reportar incidentes u obstaculicen auditorías. Las sanciones van desde advertencias hasta restricciones de interconexión e inicio de actuaciones administrativas o contractuales.

Clarín informó que funcionarios mendocinos reconocen que el Estado provincial recibe ciberataques de forma diaria y que el objetivo de la iniciativa es blindar a la administración frente a ese volumen de ataques. En esa misma línea, el Gobierno provincial comunicó en redes sociales que se trata de la primera Ley de Ciberseguridad del país y remarcó que el foco está puesto en la protección de infraestructuras críticas y de los datos administrados por el sector público.

El Litoral también vinculó el ataque a la web del Senado con la discusión legislativa y describió que la iniciativa busca fortalecer las infraestructuras tecnológicas provinciales y establecer mecanismos de respuesta ante incidentes.

¿Qué cambió en el proyecto de Fuerza Patria?

Fuerza Patria incorporó a su propuesta de protección de datos la obligación de notificar incidentes en un plazo máximo de 72 horas, la privacidad desde el diseño y un esquema de reparación financiado con parte de las multas. MDZ Online, citando a los legisladores Lucas Ilardo y Félix González, dijo que el proyecto busca poner por escrito deberes de transparencia y asistencia frente a filtraciones o hackeos.

Además de la notificación temprana, el texto establece que todo nuevo sistema o plataforma estatal deberá integrar desde su concepción inicial salvaguardas de protección de datos y seguridad ciudadana. La lógica, según la cobertura de MDZ Online, es alinear la norma provincial con principios de privacy by design usados en regulaciones internacionales.

En paralelo, el proyecto prevé que el 50% de las multas recaudadas por violaciones a la protección de datos se destine a un Fondo de Reparación. Ese fondo estaría orientado a financiar asistencia jurídica gratuita y programas de educación digital ciudadana, en lugar de que esos recursos pasen sin trazabilidad a las rentas generales.

En declaraciones recogidas por MDZ Online, Lucas Ilardo sostuvo que, ante un hackeo o acceso indebido a datos personales, el Estado debe informar inmediatamente a los afectados, reparar el daño y transparentar qué información tiene sobre cada ciudadano. Mendoza Today ya había adelantado que la iniciativa también refuerza la obligación de reparación del daño por parte del Estado y reconoce el derecho del ciudadano a conocer con precisión qué información posee sobre su persona.

¿Qué pasa si el Estado sufre una filtración?

La propuesta de Fuerza Patria obliga a notificar el incidente en 72 horas y, además, a informar de inmediato a los ciudadanos cuyos datos hayan sido comprometidos. Ese esquema se complementa con la obligación de reparar el daño y con el derecho a acceder al detalle de la información que el Estado conserve sobre cada persona.

Mendoza Today agregó que un 50% de las multas por violaciones a la normativa de datos personales se destinaría a un Fondo de Reparación, orientado a financiar asistencia jurídica gratuita y programas de educación digital ciudadana.

¿Cómo quedó atravesado el debate por el hackeo al Senado?

La discusión legislativa quedó atravesada por el ataque informático a la web del Senado provincial ocurrido después del ingreso del proyecto del Ejecutivo. La prensa local informó que fuentes del Ministerio de Seguridad no descartan que el incidente haya estado relacionado con la presentación de la iniciativa, aunque esa relación se maneja como una conjetura y no como una confirmación oficial.

Identidad Correntina y Diario San Rafael coincidieron en señalar que el hackeo se produjo tras la presentación de la ley contra ciberataques. En el caso de la web del Senado, también se difundió que el sitio fue alterado con un mensaje contra Argentina y una imagen de Chiqui Tapia, en un episodio que reforzó la urgencia política del debate en la Legislatura mendocina.