Mendoza sancionó su ley de ciberseguridad

La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción final, en la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026, a un proyecto del Poder Ejecutivo que establece un marco integral para prevenir, gestionar y responder incidentes de ciberseguridad. La norma busca proteger datos personales, sostener la continuidad de los servicios públicos digitales y resguardar la infraestructura crítica provincial, según el resumen oficial del cuerpo legislativo.

¿Qué cambia con la nueva ley mendocina?

La ley crea un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad como autoridad de aplicación, incorpora un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad y fija estándares mínimos de seguridad para organismos y proveedores. También prevé un régimen progresivo de sanciones para quienes oculten incidentes relevantes.

La prensa provincial indicó que el registro tendrá carácter reservado cuando su difusión comprometa la seguridad. Además, la norma suma un régimen de gobernanza de datos, en un contexto en el que la provincia busca ordenar la respuesta institucional frente a eventos que afecten sistemas y servicios digitales.

¿Qué otras provincias y países están moviendo sus marcos de datos e IA?

Paraguay, Argentina, Perú, México, Brasil y Bolivia también registran avances legislativos o debates en protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, mientras en Chile persiste la duda sobre una prórroga que todavía no fue aprobada y no debe asumirse como vigente.

En Paraguay, la Ley N.º 7.593/2025 fue promulgada y publicada el 27 de noviembre de 2025, con la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. En Argentina, la AAIP presentó ante el Congreso un proyecto para actualizar la Ley 25.326, y además avanza un debate para modificar el Código Penal frente a delitos informáticos y privacidad digital.

En Perú, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley 2775/2022-CR, la primera norma cuyo objetivo central es promover el uso de la inteligencia artificial. Hiperderecho señaló que el texto ingresó en agosto, obtuvo dictámenes favorables en dos comisiones, pasó por un sustitutorio y una modificación final, y quedó aprobado casi por unanimidad. La República agregó que la nueva ley fija plazos de adecuación escalonados y que el 10 de septiembre de 2026 es el primer hito para seis sectores priorizados.

En México, el Senado recibió minutas que buscan castigar la generación con IA de contenido íntimo sin consentimiento y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente al ciberacoso, la violencia digital y el uso indebido de datos personales en plataformas y aplicaciones. Excélsior detalló que la propuesta incluye prisión para quienes difundan imágenes o videos sexuales creados con IA y que también obliga a la Secretaría de Gobernación a emitir lineamientos de clasificación para contenidos y a las tiendas digitales a informar la clasificación de videojuegos y aplicaciones.

Brasil mostró dos movimientos en paralelo. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara presentó el 3 de septiembre de 2026 un substitutivo al PL 6.706/2025, que propone extender a sistemas de IA la aplicación de las reglas de protección y tratamiento de datos del artículo 11 del Marco Civil de Internet. El mismo registro legislativo describe la idea como auditoría algorítmica preventiva, aunque el texto transcrito se concentra en la aplicación de esas reglas. En el Senado, el PL 1828/2023 sigue en trámite, con estado de aguardo de despacho desde el 1 de septiembre de 2026, y fija normas para reconocimiento facial e identificación biométrica en órganos públicos y operadores de servicios esenciales.

Bolivia, por su parte, aprobó en el Senado la propuesta de Ley de Acceso a la Información impulsada por Soledad Chapetón. El texto remite a Diputados y permite restringir el acceso cuando la información haya sido clasificada como reservada, secreta o confidencial, aunque mantiene la posibilidad de solicitar datos de forma verbal o escrita ante la entidad custodio. En Chile, distintas coberturas de cumplimiento advierten que las empresas deben seguir preparándose sobre la base del 1 de diciembre de 2026, porque el boletín 18.623-07 no fue aprobado y asumir que ya existe una prórroga puede dejar a los equipos en incumplimiento si el Congreso no vota a tiempo.