Colombia protege de cobros por suplantación de identidad

Actualización 23 de agosto de 2026: la Ley 2573 de 2026 fue expedida el 19 de mayo y ya tiene una entrada en vigencia escalonada, con un régimen general que comenzará cerca del 19 de noviembre de 2026. También se sumaron datos oficiales sobre el alcance del fraude en Colombia, con 62.299 denuncias por delitos informáticos en 2025 y 764 en lo corrido de 2026 al momento del comunicado policial.

La Ley 2573 de 2026 en Colombia obliga a suspender de manera inmediata cualquier cobro relacionado con un crédito u obligación financiera cuando una persona alegue ser víctima de falsedad personal o suplantación de identidad y la entidad ya tenga conocimiento del reclamo.

¿Qué cambió con la Ley 2573 de 2026?

La norma, expedida el 19 de mayo de 2026, amplía la protección frente al reporte negativo ante operadores de información y al cobro de obligaciones obtenidas mediante suplantación de identidad en Colombia. Según la Alcaldía de Bogotá, el régimen general entra en vigencia seis meses después de la promulgación, mientras que ciertos parágrafos del artículo 5 rigen desde esa misma fecha.

¿Cómo funciona la carga de la prueba?

La ley introduce en este contexto el principio de carga dinámica de la prueba. Eso significa que la entidad financiera, el operador de telecomunicaciones o el comercio deberá demostrar qué mecanismos utilizó para verificar la identidad antes de aprobar el crédito, la compra o el servicio cuando se alegue suplantación.

Además, los bancos y otros proveedores de crédito quedan obligados a entregar a la presunta víctima copia de todos los documentos usados para aprobar la operación que habría sido obtenida mediante la suplantación.

¿Qué pasa si la justicia confirma la suplantación?

Si la autoridad judicial concluye que existió suplantación de identidad en un crédito u obligación, la persona afectada queda exonerada de pagar la deuda. Tampoco debe asumir intereses ni otros cobros asociados.

En ese mismo escenario, la persona debe ser eliminada de los reportes negativos relacionados con esa obligación en Colombia.

El análisis conjunto de las leyes 2502 de 2025 y 2573 de 2026 resalta que, tras la denuncia dentro de los veinte días hábiles y la suspensión temporal de cobros, si se determina que hubo suplantación la víctima queda liberada de las obligaciones adquiridas fraudulentamente a su nombre.

¿Qué canales existen para reclamar?

El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia señala que los consumidores financieros pueden presentar quejas contra bancos, aseguradoras y compañías de financiamiento ante la Superintendencia Financiera de Colombia, defensores del consumidor financiero, personerías, Defensoría del Pueblo y asociaciones de consumidores. Según esa cartera, esos canales sirven para que se impongan sanciones o para conciliar diferencias por servicios financieros.

¿Qué dicen las cifras oficiales sobre el problema?

La Policía Nacional reportó oficialmente que en 2025 se registraron 62.299 denuncias por delitos informáticos, y que esas conductas representaron el 88 % del fenómeno delictivo digital. Además, en lo corrido de 2026 se habían registrado 764 denuncias por delitos informáticos en el momento del comunicado.

La Superintendencia de Industria y Comercio informó que entre 2022 y mayo de 2026 recibió 13.983 reclamaciones por suplantación de identidad a través de la plataforma SIC Facilita, de las cuales 11.365 se relacionan con telecomunicaciones. La entidad también indicó que desde 2023 las multas por estos casos superan los 2.390 millones de pesos, principalmente contra operadores que no aplicaron controles adecuados.

Cobrança de dívidas na Colômbia por suplantación de identidad

Si una persona alega que fue víctima de suplantación de identidad, la Ley 2573 de 2026 ordena suspender de inmediato cualquier cobro relacionado con esa deuda en Colombia, siempre que la entidad ya conozca el reclamo. Si la justicia confirma la suplantación, la persona afectada queda exonerada de pagar la deuda y no debe asumir intereses ni otros cobros asociados.

La norma también obliga a las entidades a demostrar qué mecanismos usaron para verificar la identidad antes de aprobar el crédito, la compra o el servicio. Además, deben entregar copia de los documentos usados para autorizar la operación y, si se confirma el fraude, borrar los reportes negativos vinculados con esa obligación.