Chile aprueba ley contra deepfakes

Actualización 27 de agosto de 2026: La revisión suma el detalle del régimen sancionatorio de la Ley de Protección de Datos Personales, que ahora contempla multas iniciales de entre 5.000 y 20.000 UTM. Según Radio Universidad de Chile, en casos de reincidencia y agravantes las sanciones podrían llegar hasta el 4% de los ingresos anuales.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó en general un proyecto de ley que regula contenidos generados con inteligencia artificial y sanciona específicamente los deepfakes, con 128 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. Tras esa votación, la iniciativa volvió a la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para seguir su tramitación.

¿Qué establece el proyecto contra deepfakes?

El texto crea el derecho de integridad digital para proteger la imagen, el cuerpo y la voz de las personas, y apunta a contenidos generados con inteligencia artificial que puedan usarse sin autorización. También alcanza a personas naturales, empresas y redes sociales, con excepción de la mensajería privada.

Según The Standard CIO, el proyecto exige además que las plataformas etiqueten los contenidos generados con IA, retiren el material denunciado en un plazo máximo de 72 horas y mantengan un representante legal en Chile. La iniciativa se enmarca en una discusión legislativa que busca responder a la circulación de material sintético y a sus usos abusivos.

¿Cómo se cruza con otras leyes digitales en Chile?

Chile tiene en paralelo otras tres discusiones regulatorias vinculadas con datos, IA y violencia digital. El proyecto Boletín 16821-19, llamado Regula los sistemas de inteligencia artificial, ingresó en 2024, sigue en tramitación y avanza con un enfoque basado en niveles de riesgo, aunque su entrada en vigencia todavía no está determinada.

Cercai advierte que ese texto aún puede cambiar, por lo que las obligaciones finales para empresas en materia de IA y cumplimiento normativo siguen sujetas a la discusión parlamentaria. En otro frente, desde 2020 se tramita un proyecto que tipifica la violencia digital y modifica el Código Penal, hoy en segundo trámite constitucional en el Senado.

Ese proyecto sobre violencia digital busca incorporar delitos asociados a la difusión no consentida de material íntimo y otras formas de agresión ejercidas mediante tecnologías de la información. Además, incorpora una agravante específica en el ámbito de la sexualidad con el artículo 161-E, que sanciona a quien, sin autorización, exhiba o difunda contenido digital falso pero verosímil creado con inteligencia artificial con el objetivo de causar daño a una persona.

¿Qué pasa con la Ley 21.719 de protección de datos?

La Ley N.º 21.719 de protección de datos personales ya fue despachada por el Congreso en 2024 y hoy tiene su entrada en vigencia plena fijada para el 1 de diciembre de 2026, con nuevas obligaciones para empresas y organismos públicos en el tratamiento de datos personales.

La norma crea la Agencia de Protección de Datos Personales como organismo autónomo con facultades de fiscalización y sanción, y establece un nuevo régimen de infracciones con sanciones económicas relevantes para las organizaciones que incumplan las obligaciones de tratamiento de datos.

Medios chilenos especializados señalan que la ley comenzará a regir el 1 de diciembre de 2026 y que cada dato personal tratado deberá tener una finalidad justificada, un plazo de conservación definido y controles sobre quién puede acceder a la información. Otros medios económicos la describen como de difícil implementación para servicios públicos y empresas, con multas que pueden llegar hasta el 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios en casos de infracciones agravadas.

A la vez, el gobierno está negociando con parlamentarios una posible postergación hasta el 1 de diciembre de 2027, manteniendo el inicio de operaciones de la Agencia hacia fines de 2026, pero esa opción sigue en evaluación y no está confirmada como ley vigente. Mientras tanto, distintos medios de negocios y tecnología hablan de una cuenta regresiva para las empresas, que deberán adaptar sus modelos de gobernanza de datos, privacidad y seguridad de la información para cumplir con los nuevos estándares.