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Chile propone aplazar la Ley de Datos a 2027

Chile propuso postergar la Ley 21.719 al 1 de diciembre de 2027. La norma sigue vigente para el 1 de diciembre de 2026 mientras el proyecto está pendiente.

Whalemate Labs · Research asistido por IAPublicado:Actualizado 3 min

El Gobierno chileno propuso postergar al 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, un año después de la fecha fijada en la norma. El proyecto, sin embargo, sigue pendiente de tramitación en el Senado y no modifica todavía el plazo legal vigente.

Actualización 24 de septiembre de 2026: El Gobierno de Chile propuso postergar la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 al 1 de diciembre de 2027, un año después de la fecha fijada originalmente. La iniciativa sigue pendiente de tramitación en el Senado, por lo que no cambia todavía el plazo legal vigente.

El Gobierno chileno propuso postergar por 12 meses la aplicación de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, para llevar su entrada en vigencia al 1 de diciembre de 2027. La ley fue publicada en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024 y hoy mantiene como fecha de entrada en vigor el 1 de diciembre de 2026, según su artículo primero transitorio.

¿Por qué se discute aplazar la ley de datos?

La discusión se centra en que la agencia encargada de fiscalizar el nuevo régimen aún no está lista para operar. David Díaz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, advirtió que el organismo podría tardar hasta un año en funcionar desde su creación formal, por el tiempo necesario para nombrar consejeros, instalar equipos y dictar regulación secundaria.

La misma línea fue recogida por la propia FEN de la Universidad de Chile, que sostuvo que, a pocos meses de la entrada en vigencia prevista, la agencia todavía no cuenta con sus tres consejeros nombrados ni con capacidad operativa plena. Arco Legal interpretó esa postergación como un síntoma de problemas estructurales, no como una solución de fondo, y señaló que el año adicional no resuelve por sí solo las brechas de capacidades técnicas y de gobernanza.

¿Qué dice ahora el proyecto de prórroga?

El proyecto ingresó al Senado como Boletín N.º 18.623-07 y sigue siendo una iniciativa pendiente de tramitación, por lo que la prórroga propuesta no modifica todavía la fecha legal vigente. De acuerdo con el análisis citado por Anguita Osorio, la postergación lleva la entrada en vigor al 1 de diciembre de 2027 si avanza el proyecto, pero por ahora el plazo original sigue corriendo.

¿Qué dicen las voces que apoyan la postergación?

Una columna distribuida vía MSN Chile calificó la decisión como necesaria y responsable, bajo el argumento de que la Agencia de Protección de Datos aún no existe como órgano operativo. Según esa mirada, exigir cumplimiento bajo amenaza de multas sin un organismo que oriente e interprete la normativa generaría incertidumbre jurídica y riesgos de aplicación arbitraria para empresas y servicios públicos.

¿En qué estado está la ley de inteligencia artificial?

El proyecto de Ley de Inteligencia Artificial continúa en fase de tramitación legislativa y, según el análisis doctrinal citado por Lawwwing, todavía puede sufrir cambios relevantes durante el debate parlamentario. La iniciativa se tramita en el Senado y apunta a establecer obligaciones de evaluación de riesgos, trazabilidad y reporte para sistemas de IA de alto impacto.

Ese diseño también alcanza a operadores en Chile de modelos desarrollados o alojados en el extranjero. En comentarios publicados por La Tercera, se describió que el proyecto contempla informes, trazabilidad y evaluación de sesgos para quienes operan esos sistemas en el país, lo que introduce exigencias de cumplimiento tecnológico y de transparencia para proveedores y usuarios corporativos.

Lawwwing añadió que esto puede obligar a revisar contratos con proveedores cloud y de modelos fundacionales, en la medida en que las obligaciones no se limitan a desarrollos locales. El alcance regulatorio, así, ya empieza a tensionar la forma en que empresas tecnológicas y organismos públicos administran sus herramientas de IA mientras la discusión legislativa sigue abierta.

Fuentes

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