Chile aplaza Ley de Datos y avanza IA

El Gobierno chileno propuso postergar por 12 meses la aplicación de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, mientras la nueva Agencia de Protección de Datos todavía no tiene a sus tres consejeros nombrados ni capacidad operativa plena. En paralelo, el proyecto de Ley de Inteligencia Artificial sigue en tramitación en el Senado y podría seguir cambiando antes de su versión final, con obligaciones que alcanzan a empresas y organismos que operan sistemas en Chile, incluso si los modelos fueron desarrollados o alojados fuera del país.

¿Por qué se discute aplazar la ley de datos?

La discusión se centra en que la agencia encargada de fiscalizar el nuevo régimen aún no está lista para operar. David Díaz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, advirtió que el organismo podría tardar hasta un año en funcionar desde su creación formal, por el tiempo necesario para nombrar consejeros, instalar equipos y dictar regulación secundaria.

La misma línea fue recogida por la propia FEN de la Universidad de Chile, que sostuvo que, a pocos meses de la entrada en vigencia prevista, la agencia todavía no cuenta con sus tres consejeros nombrados ni con capacidad operativa plena. Arco Legal interpretó esa postergación como un síntoma de problemas estructurales, no como una solución de fondo, y señaló que el año adicional no resuelve por sí solo las brechas de capacidades técnicas y de gobernanza.

¿Qué dicen las voces que apoyan la postergación?

Una columna distribuida vía MSN Chile calificó la decisión como necesaria y responsable, bajo el argumento de que la Agencia de Protección de Datos aún no existe como órgano operativo. Según esa mirada, exigir cumplimiento bajo amenaza de multas sin un organismo que oriente e interprete la normativa generaría incertidumbre jurídica y riesgos de aplicación arbitraria para empresas y servicios públicos.

¿En qué estado está la ley de inteligencia artificial?

El proyecto de Ley de Inteligencia Artificial continúa en fase de tramitación legislativa y, según el análisis doctrinal citado por Lawwwing, todavía puede sufrir cambios relevantes durante el debate parlamentario. La iniciativa se tramita en el Senado y apunta a establecer obligaciones de evaluación de riesgos, trazabilidad y reporte para sistemas de IA de alto impacto.

Ese diseño también alcanza a operadores en Chile de modelos desarrollados o alojados en el extranjero. En comentarios publicados por La Tercera, se describió que el proyecto contempla informes, trazabilidad y evaluación de sesgos para quienes operan esos sistemas en el país, lo que introduce exigencias de cumplimiento tecnológico y de transparencia para proveedores y usuarios corporativos.

Lawwwing añadió que esto puede obligar a revisar contratos con proveedores cloud y de modelos fundacionales, en la medida en que las obligaciones no se limitan a desarrollos locales. El alcance regulatorio, así, ya empieza a tensionar la forma en que empresas tecnológicas y organismos públicos administran sus herramientas de IA mientras la discusión legislativa sigue abierta.