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Chile aprueba ley antideepfakes

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la ley antideepfakes. El proyecto suma multas, retiro en 72 horas y control judicial.

Whalemate Labs · Research asistido por IAPublicado:Actualizado 3 min

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó en general el proyecto de ley que regula contenidos generados con inteligencia artificial y sanciona específicamente los deepfakes, con 128 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa, conocida como ley antideepfakes, volvió a la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para continuar su tramitación.

Actualización 25 de septiembre de 2026: el proyecto ahora incorpora multas de 5.000 a 10.000 UTM para conductas vinculadas a deepfakes, un plazo máximo de 72 horas para que las plataformas retiren el material denunciado y la obligación de contar con un representante legal en Chile. Según EFE, además, los tribunales podrían ordenar medidas cautelares de retiro o bloqueo del contenido.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó en general el proyecto de ley que regula contenidos generados con inteligencia artificial y sanciona específicamente los deepfakes, con 128 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa, conocida como ley antideepfakes, volvió a la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para continuar su tramitación.

¿Qué busca regular la ley antideepfakes?

El proyecto apunta a fijar reglas para contenidos creados mediante inteligencia artificial, en especial recreaciones digitales verosímiles pero falsas de la imagen, el cuerpo o la voz de personas reales. Según la cobertura de G5 Noticias, también contempla un régimen sancionatorio con multas significativas en caso de infracción, aunque ese punto todavía debe seguir discutiéndose en comisión.

La iniciativa ahora fija multas de 5.000 a 10.000 UTM para conductas vinculadas a deepfakes, de acuerdo con la cobertura de BioBioChile. Además, establece que las plataformas deben retirar el material denunciado en un plazo máximo de 72 horas y contar con un representante legal en Chile.

Según EFE, difundida por Infobae, los tribunales podrían dictar medidas cautelares de retiro o bloqueo del contenido para evitar un daño irreparable. Ese mecanismo judicial agrega una vía distinta del plazo operativo de retiro para las plataformas.

La iniciativa se instala en un debate legislativo más amplio sobre desinformación, automatización y uso de tecnologías digitales. En paralelo, el Senado informó sobre otro proyecto para sancionar la manipulación digital de la opinión pública y el uso de granjas de bots, y lo derivó a la Comisión de Constitución.

¿Qué otros proyectos muestran el giro regulatorio en Chile?

La discusión sobre deepfakes y bots convive con otras iniciativas sobre seguridad y control tecnológico. En telecomunicaciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las enmiendas del Senado al boletín 16.598, que prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de inhibidores de señal de telecomunicaciones, y despachó la iniciativa al Ejecutivo para su promulgación.

Altona Spain News informó además sobre un proyecto relativo a dispositivos electrónicos aptos para interceptar, interferir o interrumpir señales de telecomunicaciones. Esa propuesta forma parte de la agenda de seguridad y establece sanciones penales y multas por la fabricación, comercialización, adquisición, utilización, tenencia o porte no autorizados.

Emol, a su vez, reportó que los senadores dejaron caer la propuesta de interceptación telefónica en la discusión de la reforma de seguridad. La misma nota precisó que la reforma seguía siendo discutida en comisión, lo que confirma que el debate sobre interceptación y seguridad digital aún no estaba cerrado.

¿Qué pasa con la ley de datos personales?

La cobertura disponible también muestra un avance, aunque con demora, en la implementación de la nueva ley de protección de datos personales en Chile. Publimetro Chile señaló que el aplazamiento responde, en términos político-operativos, a que la agencia encargada de fiscalizar la ley todavía no está instalada, matizando el argumento del Ejecutivo sobre la necesidad de más tiempo.

Ese escenario se suma a las notas que describen una prórroga en análisis para la entrada en vigencia del marco de datos, con empresas que tendrían más plazo para adecuar procesos y cumplimiento. En conjunto, el cuadro legislativo chileno abre frentes simultáneos sobre privacidad, contenido sintético, desinformación y control de comunicaciones.

Fuentes

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