BCU regula PSAV y exige autorización previa

El Banco Central del Uruguay, a través de la Superintendencia de Servicios Financieros, puso en marcha un régimen de registro obligatorio y autorización previa para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, o PSAV, que operan en territorio uruguayo. La norma alcanza el intercambio entre criptomonedas y dinero fiduciario, las transferencias, la custodia y los servicios financieros relacionados, con exigencias de ciberseguridad, continuidad operativa, segregación de fondos y controles antilavado.

¿A quiénes alcanza la nueva regulación?

La definición de PSAV en Uruguay abarca a personas jurídicas que, de manera habitual y profesional, prestan servicios vinculados a activos virtuales. Eso deja afuera las actividades ocasionales o individuales y concentra la supervisión en actores empresariales con responsabilidad formal frente al regulador.

El régimen también contempla servicios ofrecidos u operados mediante contratos inteligentes, lo que amplía el alcance tecnológico de la norma y busca cerrar vacíos vinculados a la operativa en Web3. En la práctica, la regulación no queda limitada a billeteras o exchanges tradicionales.

¿Qué exige el trámite de autorización?

La autorización no es automática. Entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027, la Superintendencia de Servicios Financieros evaluará cada expediente bajo criterios de legalidad, viabilidad del negocio, procedencia de fondos y reputación de accionistas y directivos.

CriptoNoticias remarcó que la inscripción en el registro no supone aprobación automática, por lo que puede haber proveedores que figuren en trámite sin estar plenamente autorizados. Ese punto introduce una capa de riesgo operativo y de protección al consumidor para quienes interactúen con estos servicios durante el proceso.

¿Qué requisitos prudenciales fijó el BCU?

La normativa exige patrimonio mínimo de 1.000.000 de unidades indexadas para las empresas que ofrecen custodia de activos virtuales. Además, impone obligaciones de segregación de fondos, de modo que los activos virtuales de los clientes deben mantenerse separados de los del proveedor.

CriptoNoticias destacó justamente esa separación como un mecanismo de protección frente a insolvencias o incidentes operativos. A eso se suman exigencias sobre transparencia, tercerización de servicios, continuidad operativa y prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

¿Cómo quedó encuadrado el régimen en la normativa financiera?

La regulación fue incorporada en el Título VII Ter de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. Ese encuadre la inserta formalmente dentro del marco regulatorio de mercado de valores y no como una disposición aislada.

La Superintendencia también habilitó un canal digital para que las empresas que operan con activos virtuales soliciten la autorización requerida. Con eso, el BCU dejó operativo el esquema de registro y supervisión para el sector.

En paralelo, la agenda regulatoria financiera de Uruguay mantiene en debate parlamentario el proyecto de Finanzas Abiertas, según un artículo de prensa sobre el ecosistema fintech uruguayo. Además, el proyecto UR-L1152 del BID, Strengthening Cybersecurity in Uruguay, apunta a fortalecer capacidades de ciberseguridad a nivel país, aunque la ficha pública disponible no detalla un componente sectorial específico.