Uruguay: el BCU amplía controles financieros

Actualización 31 de agosto de 2026: el BCU sumó datos de supervisión que muestran una mayor intensidad de control en 2025. La UIAF recibió 1.080 reportes de operaciones sospechosas, la Superintendencia de Servicios Financieros hizo 73 actuaciones in situ y resolvió 113 quejas contra instituciones financieras.

El Banco Central del Uruguay anunció que, desde septiembre de 2026, habilitará un procedimiento 100% en línea para que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales pidan la autorización y el registro necesarios para operar bajo el nuevo marco regulatorio de activos virtuales. La medida apunta a simplificar el trámite ante el organismo y se suma a otros cambios recientes en el esquema uruguayo de cumplimiento financiero.

¿Qué habilitó el BCU para los proveedores de activos virtuales?

El BCU habilitará un trámite completamente digital para que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales puedan solicitar autorización y registro. La implementación fue informada con entrada en vigencia prevista para septiembre de 2026, según la comunicación difundida por el organismo y replicada por Ámbito.

La novedad se conoce en un contexto en el que Uruguay viene ajustando su regulación sobre actividades financieras supervisadas. De acuerdo con Global Tax Uruguay, las sociedades que realizan actividades financieras reguladas deben cumplir con licencias financieras y con la supervisión del Banco Central, además de requisitos de capital mínimo, gobierno corporativo, reportes periódicos y obligaciones de transparencia.

¿Qué exige la nueva declaración jurada del BCU?

La Comunicación N.º 2026/116 establece que quienes comiencen a realizar actividades de captación de recursos del público con posterioridad a su entrada en vigencia deben presentar una declaración jurada antes de iniciar operaciones. Según Guyer & Regules, eso configura una condición de entrada al mercado similar a la exigida a entidades financieras formales.

La exigencia alcanza a nuevos actores que busquen entrar al mercado después de que la norma esté vigente y refuerza el esquema de control previo del Banco Central. En la práctica, el organismo suma un paso formal antes del inicio de actividad, en línea con el nivel de supervisión que ya rige para otras entidades financieras.

¿Qué muestran los datos de supervisión y denuncias de 2025?

La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU reportó 73 actuaciones de supervisión in situ en 2025, 593 denuncias vinculadas al sector financiero y 113 quejas resueltas contra instituciones financieras. En paralelo, la UIAF recibió 1.080 reportes de operaciones sospechosas, 12% más que en 2024, cuando había recibido 964.

De acuerdo con la Memoria Anual 2025, esos 1.080 ROS constituyen el máximo histórico desde que existe la obligación de reportar operaciones inusuales. La cobertura de medios uruguayos también indicó que la tendencia viene en alza desde 2021, lo que ubica el salto de 2025 como parte de una serie sostenida.

Dentro de las 113 quejas resueltas por el BCU, el 73% se dirigió contra bancos y el 23% contra administradoras de créditos, según El Observador. Ese informe también detalló que los temas más frecuentes fueron desconocimiento de operaciones, información de la Central de Riesgos Crediticios, operativa de tarjetas de crédito, discrepancias con el cobro de comisiones o cargos y notificaciones de cambios contractuales.

¿Cómo se reparte el aumento de los reportes sospechosos?

De los 1.080 ROS de 2025, 972 fueron ingresados por entidades financieras y 108 por entidades no financieras, según La Diaria. La Memoria de la UIAF y la SSF precisa además que el sector financiero presentó 973 reportes y el no financiero 107, una diferencia metodológica menor entre reportes recibidos y procesados.

El desglose sectorial mostró que, dentro del sector financiero, los bancos concentraron 765 reportes y los emisores de dinero electrónico 118. En el sector no financiero, siete de cada diez ROS provinieron de escribanos, casinos, inmobiliarias, promotores inmobiliarios y constructoras, de acuerdo con la información citada por Prensa Latina.

¿Qué pasó con el secreto bancario en la Rendición de Cuentas?

En la Rendición de Cuentas 2026 se discutió un artículo que permitía a entidades supervisadas por el Banco Central compartir información protegida por confidencialidad o secreto bancario con sus casas matrices, sucursales, subsidiarias u otras entidades del grupo económico, dentro o fuera de Uruguay, para prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, el cambio volvió a caer y no fue aprobado.

Ámbito informó que la iniciativa no logró prosperar en el Parlamento, y la diaria señaló que la Cámara de Diputados trató el tema en una discusión que generó controversia política. La formulación apuntaba a habilitar el intercambio de información entre entidades vinculadas del mismo grupo económico, pero el artículo no quedó incorporado.

¿Cómo se cruza esto con el régimen financiero uruguayo?

El punto central es que Uruguay está reforzando, por un lado, las vías de registro y autorización para nuevos actores como los proveedores de servicios de activos virtuales y, por otro, mantiene sin cambios el secreto bancario luego del fracaso legislativo de la Rendición de Cuentas. En paralelo, el marco de supervisión financiera sigue exigiendo licencias, controles y reportes a las entidades reguladas.

La combinación de estas normas deja a los operadores financieros y de activos virtuales bajo un entorno de cumplimiento más formalizado, con el BCU como autoridad clave en la autorización y el control. En ese esquema, las obligaciones de transparencia mencionadas por Global Tax Uruguay incluyen además el registro de beneficiarios finales accesible a autoridades competentes.

En su Memoria 2025, la Superintendencia de Servicios Financieros también destacó la aprobación de una nueva Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo con horizonte a 2030. Ese marco institucional ayuda a explicar el aumento de los reportes sospechosos y la intensificación de la supervisión en el sistema financiero uruguayo.