Perú pide facultades para ciberseguridad

El Ejecutivo peruano presentó al Congreso un pedido de delegación de facultades legislativas que incluye medidas en seguridad ciudadana, crimen organizado y ciberseguridad, según el oficio enviado por la presidenta del Consejo de Ministros al Parlamento.

La solicitud contempla la posibilidad de emitir decretos legislativos en seguridad y orden interno, con foco en el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, la ciberdelincuencia y otros delitos vinculados al uso de tecnologías de información y comunicación. El texto ingresado al Congreso también fija un plazo propuesto de 90 días para que el Ejecutivo dicte esas normas, siempre que el Parlamento apruebe el pedido.

El trámite ya quedó reflejado en la agenda pública y parlamentaria. El Diario Oficial El Peruano informó que, entre las principales normas legales publicadas del 19 al 25 de julio de 2026, figuró la recepción por parte del Congreso del oficio del Poder Ejecutivo que solicita delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, economía y empleo. Esa publicación confirmó el ingreso formal de la iniciativa al proceso legislativo.

La discusión sobre el alcance del pedido también empezó a tomar forma en otras coberturas. La agencia EFE, reproducida por Infobae, señaló que el primer Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori revisó el proyecto de decreto que pide facultades al Congreso para que el Ejecutivo tenga herramientas legales inmediatas frente a la inseguridad ciudadana. Esa misma nota precisó que la aprobación del pedido se daría en la siguiente sesión del gabinete y que se prevé entregar a las Fuerzas Armadas el control de operaciones contra el crimen organizado en zonas de emergencia, además de fortalecer a la Policía Nacional del Perú y al sistema penitenciario.

Caretas, por su parte, detalló que el proyecto de ley de delegación de facultades legislativas 2026 ingresado al Congreso propone otorgar al Ejecutivo un plazo de 120 días calendario, con sustento en el artículo 104 de la Constitución y el artículo 90 del Reglamento del Congreso. Según ese medio, las materias incluidas abarcan seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, reforma y modernización del Estado, desregulación, materia tributaria y aduanera, y facilitación del comercio. En el capítulo de seguridad, el proyecto habilita normas en materia militar, policial, penal, procesal penal y de ejecución penal, orientadas a fortalecer la prevención, investigación, persecución y sanción de la delincuencia común y el crimen organizado, además de la interoperabilidad entre entidades de seguridad.