Chile refuerza controles contra fraude financiero

Chile sumó en agosto una serie de medidas para endurecer su respuesta frente al fraude financiero, con una mesa público privada contra delitos transnacionales, una alerta del Banco Central por el alza sostenida de fraudes en medios de pago desde 2024, una propuesta regulatoria para stablecoins y la inminente entrada en vigencia plena de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales.

¿Qué pasó con el fraude en medios de pago?

El Banco Central de Chile informó en su Informe de Sistemas de Pago que las tasas de fraude en medios de pago han aumentado de forma sostenida desde 2024, y que la tarjeta de débito es el instrumento con mayor persistencia de incidentes en compras en línea. La advertencia se difundió en paralelo a notas de prensa que retomaron el mismo informe y alertaron sobre nuevas estafas en pagos digitales.

CNN Chile, citando el informe del instituto emisor, señaló que el crecimiento del uso de pagos digitales se viene dando junto con nuevas modalidades de estafa. Fayerwayer, también a partir del reporte del Banco Central, destacó que la tarjeta de débito concentra el mayor riesgo en compras online.

¿Qué coordinación pública y privada se lanzó?

Diversas autoridades chilenas y entidades del sistema financiero acordaron constituir una Mesa Nacional contra el Fraude Financiero Transnacional para coordinar prevención, detección y persecución de este tipo de delitos. La iniciativa busca además impulsar reformas legislativas, perfeccionar el marco normativo y desarrollar estrategias públicas de prevención y comunicación.

Según SERNAC, firmaron el convenio organismos públicos como el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la CMF, el SII, la UAF y el propio servicio, junto con actores del sector privado y académico. ABIF agregó que también participan BancoEstado, la Asociación de Bancos, la Asociación de Retail Financiero y NIC Chile. La asociación remarcó que la mesa apunta a reducir la incidencia de delitos económicos y financieros transnacionales.

¿Qué cambia para stablecoins?

El Banco Central de Chile publicó en consulta un nuevo marco de regulación para stablecoins que fijará condiciones para su emisión en el país como medio de pago. Claudio Raddatz, gerente de la División de Política Financiera, dijo que el objetivo es contar con un marco normativo hacia el próximo año, con una propuesta prevista para fines de este año.

Raddatz también indicó que el trabajo contará con asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional durante el segundo semestre. En la misma entrevista, el Banco Central señaló que su rol regulatorio se concentrará en iniciadores de pago que adquieren compromisos de pago o retienen fondos del público, lo que deja fuera usos puramente tecnológicos sin captación de recursos.

¿Cómo entra la protección de datos en este cuadro?

La Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, publicada en diciembre de 2024, entrará en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026 y reforzará derechos de los titulares, además de crear la Agencia de Protección de Datos Personales y nuevas responsabilidades para las organizaciones que tratan datos personales, incluidas las entidades financieras.

Ese cambio regulatorio se cruza con el frente del fraude y con el trabajo de la Mesa Nacional, porque bancos, retail financiero y supervisores tendrán que ajustar sus políticas de tratamiento de datos, gobierno interno y prevención de incidentes en un contexto de mayor presión sobre medios de pago y servicios digitales.

¿Hubo sanciones recientes de la CMF?

La Comisión para el Mercado Financiero sancionó a Nevasa S.A. Corredores de Bolsa con una multa de 6.000 UF por infracciones al artículo 59 letra g) de la Ley 18.045, en relación con la Norma de Carácter General N° 18 y la Circular N° 695, debido a la entrega de información falsa sobre su situación financiera.

Ese caso agrega otro frente regulatorio en el mercado de valores chileno, en una semana en la que convivieron anuncios de nuevas reglas para pagos digitales, coordinación contra el fraude y la proximidad de mayores obligaciones en protección de datos.