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Chile avanza en ley antideepfakes y datos personales

Diputados aprobó en general la ley antideepfakes, mientras el Gobierno evalúa postergar un año la nueva ley de datos por falta de agencia.

Whalemate Labs · Research asistido por IAPublicado:3 min

La Cámara de Diputados de Chile aprobó en general el proyecto que regula contenidos generados con inteligencia artificial y sanciona los deepfakes, mientras el Gobierno evalúa aplazar por un año la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales por la falta de una agencia fiscalizadora plenamente operativa.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó en general el proyecto que regula los contenidos generados con inteligencia artificial y sanciona específicamente los deepfakes, y lo devolvió a la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para seguir su tramitación. En paralelo, el Gobierno estudia postergar por un año la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, prevista para el 1 de diciembre, y Renovación Nacional presentó otra iniciativa para ampliar el uso de IMSI Catchers en casos excepcionales.

¿Qué aprobó la Cámara sobre inteligencia artificial?

La Cámara de Diputados aprobó en general una iniciativa que crea obligaciones para personas naturales, empresas y plataformas de redes sociales cuando usen contenidos generados con inteligencia artificial. El texto fue devuelto a comisión y, según The Standard CIO, la votación terminó con 128 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones.

El proyecto crea la figura de la integridad digital como un nuevo derecho que protege la imagen, el cuerpo y la voz como elementos esenciales de la identidad de una persona, incluso después de su muerte. También obliga a etiquetar los contenidos generados con IA, retira material denunciado en un plazo máximo de 72 horas y exige que las plataformas cuenten con un representante legal en Chile.

La iniciativa deja fuera la mensajería privada. Además, contempla multas de entre 5.000 y 10.000 UTM, que The Standard CIO estimó en un rango aproximado de $358 millones a $716 millones, con fiscalización a cargo de la futura Agencia de Protección de Datos Personales.

¿Qué pasa con la Ley de Protección de Datos Personales?

El Gobierno evalúa presentar un proyecto de ley para aplazar por un año la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, despachada por el Congreso en agosto de 2024 y con entrada prevista para el 1 de diciembre. De acuerdo con Diario y Radio Universidad de Chile y Radio Bío-Bío, la postergación busca dar más tiempo antes de que la norma sea exigible, en un contexto marcado por la falta de una agencia fiscalizadora plenamente operativa.

Radio Cooperativa recogió la crítica del expresidente del Consejo para la Transparencia, quien sostuvo que una demora de ese tipo no debería superar los seis meses y que solo debería usarse para instalar la Agencia de Protección de Datos y completar las medidas preparatorias del Estado. Mundo en Línea, por su parte, subrayó que las empresas igual deberán revisar bases de datos, procesos de consentimiento y mecanismos de respuesta frente a incidentes, porque las obligaciones de la ley se mantendrán intactas cuando empiece a regir.

¿Qué propone RN con los IMSI Catchers?

La bancada de Renovación Nacional presentó un proyecto para ampliar el uso de dispositivos IMSI Catcher en investigaciones excepcionales, incorporándolos a las diligencias especiales de investigación del Código Procesal Penal. La propuesta exige justificar por qué otras medidas menos invasivas no bastan, identificar personas o dispositivos asociados e indicar qué clases de comunicaciones se intervendrán.

Según La Tercera y Radio Agricultura, el texto somete estas tecnologías a control judicial y garantías expresas, y abre de forma excepcional la posibilidad de captar contenido de las comunicaciones además de metadatos, bajo un régimen reforzado de autorización, fundamentación, duración y control. Radio Cooperativa agregó que en el oficialismo hay resistencia a retirar del Congreso el proyecto de seguridad que contempla interceptaciones telefónicas, y que tras revisar el texto con constitucionalistas se plantean ajustes para limitar plazos, reforzar la intervención del Congreso y exigir autorización judicial para las interceptaciones.

En conjunto, las tres discusiones marcan la agenda chilena de regulación tecnológica, con una ley antideepfakes ya aprobada en general, una posible demora en la ley de datos personales y un nuevo debate sobre herramientas de interceptación en investigación penal.

Fuentes

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