Brasil y Ecuador avanzan en leyes sobre IA

Brasil avanza con el Marco Legal da Cibersegurança

El PL 4.752/2025 del Marco Legal da Cibersegurança fue aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado de Brasil y, al 8 de julio de 2026, seguía en análisis en la Comisión de Ciencia, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) bajo la relatoría del senador Hermes Klann. Según BrCooperativo, Klann convocó una audiencia pública el 30 de junio de 2026 para instruir la propuesta, con foco en los impactos sobre cooperativas y con la oitiva de la ANPD, el Banco Central y especialistas.

La discusión también está centrada en la interoperabilidad con regulaciones sectoriales, en particular las normas del Banco Central sobre Pix y pagos. El proyecto, siempre según BrCooperativo, apunta además a que las cooperativas financieras adopten modelos de gobernanza de seguridad digital alineados al Programa Nacional de Segurança e Resiliência Digital y a las exigencias antifraude de BC Protege+ y del régimen sancionador del BCB.

Ecuador fija límites para la IA en la justicia

En Ecuador se presentó un proyecto para regular el uso de inteligencia artificial en la justicia, con límites y sanciones. La iniciativa establece que la IA solo puede operar como herramienta de apoyo y nunca reemplazar el razonamiento jurídico ni la toma de decisiones de los operadores de justicia.

El texto reconoce usos permitidos como la búsqueda de jurisprudencia, la clasificación de expedientes, la organización documental y el procesamiento de grandes volúmenes de información. En cambio, excluye funciones esenciales como la valoración de pruebas, la interpretación de normas, la motivación de resoluciones y la emisión de decisiones judiciales, que quedan reservadas a jueces y tribunales.

El proyecto también exige que estas herramientas respeten principios de transparencia, confiabilidad y supervisión humana, preservando la independencia judicial y la seguridad jurídica de los procesos.

Más iniciativas en la región

En paralelo, el material de research ubica otros movimientos regulatorios en América Latina. En Chile, la información disponible apunta a la implementación de la ley de datos personales 2026 y de la guía sobre ciberseguridad de organismos del Estado e infraestructura crítica de la información. En El Salvador, figura una nueva Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, mientras que en Mendoza se destaca una ley provincial con obligaciones y sanciones para blindar a la provincia frente a ciberataques.

También aparece Uruguay, donde se postergó una ley para frenar la difusión de deepfakes sexuales tras el reclamo de compañías de internet. En conjunto, los proyectos muestran un mapa regional con mayores exigencias de cumplimiento para el sector público y privado, y con regímenes sancionatorios que empiezan a ganar peso en distintas jurisdicciones.