Senado analiza minuta sobre derechos digitales

La Cámara de Diputados envió al Senado una minuta para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar entornos digitales seguros y libres de violencia para menores. El proyecto pone el foco en la protección de datos personales, el ciberacoso y la supervisión de contenidos en plataformas, aplicaciones y otros servicios digitales. La propuesta ya fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen.

¿Qué obliga la minuta?

La reforma ordena a autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México tomar medidas para prevenir, atender y sancionar casos de violencia en entornos digitales que afecten a niñas, niños y adolescentes. Milenio y Capital México coinciden en que el texto apunta de forma explícita al ciberacoso y a otras formas de violencia digital.

El proyecto también establece que la protección de datos personales de menores debe garantizarse en todos los entornos, incluidos los digitales. De acuerdo con las coberturas citadas, eso refuerza obligaciones de manejo de datos y privacidad en servicios en línea dirigidos o accesibles a menores, con una lectura que va más allá del tratamiento de datos y alcanza la gestión de riesgos de contenido y comportamiento.

¿Qué cambia para contenidos, videojuegos y aplicaciones?

La minuta prevé que la Secretaría de Gobernación emita lineamientos de clasificación de contenidos para radio y televisión, pero también para plataformas y aplicaciones digitales, videos, videojuegos e impresos distribuidos por medios físicos o digitales. La medida amplía el alcance regulatorio hacia servicios y productos digitales que circulan en tiendas y entornos en línea.

Además, el proyecto establece que los videojuegos y aplicaciones distribuidos en tiendas digitales deberán informar su clasificación y, cuando sean aptos para menores, especificar si cuentan con controles parentales. Ese punto introduce obligaciones de diseño y etiquetado que impactan en el cumplimiento de proveedores digitales.

¿En qué etapa legislativa está?

La minuta ya fue enviada al Senado y se encuentra en análisis en comisiones, donde será revisada antes de un eventual dictamen. Ese paso forma parte del procedimiento legislativo ordinario y abre la discusión sobre el alcance real de las nuevas obligaciones para plataformas, aplicaciones y otros servicios en línea.

En paralelo, el Consejo Coordinador Empresarial y el Congreso de la Unión anunciaron una alianza para impulsar una agenda regulatoria en inteligencia artificial, finanzas digitales, ciberseguridad, protección de datos, conectividad, infraestructura tecnológica, desarrollo de talento y comercio digital en México. Pulso SLP reportó que la iniciativa se canaliza a través de la Comisión de Alta Tecnología del CCE y que busca articular políticas públicas para el ecosistema digital.

La agenda compartida también apunta a desarrollar marcos regulatorios y políticas públicas en inteligencia artificial y ciberseguridad, con posibles iniciativas legislativas futuras orientadas a compliance digital y protección de datos. En paralelo, El Siglo de Torreón registró que organizaciones empresariales piden al Congreso que priorice la regulación de IA en el nuevo periodo de sesiones por su impacto en costos y operación de las compañías.

¿Cómo se conecta con la revisión de inversiones sensibles?

La discusión sobre derechos digitales convive con una iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera que somete a revisión obligatoria ciertas operaciones en sectores sensibles, entre ellos inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, nanotecnología, biotecnología y almacenamiento de energía. Expansión, Bloomberg Línea, Infobae / EFE y Baker McKenzie coinciden en que el foco incluye infraestructuras de tratamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales y acceso a información sensible.

Expansión informó que la iniciativa contempla multas de entre 5,000 y 200,000 veces el valor diario de la UMA para infracciones vinculadas a operaciones en actividades sensibles como ciberseguridad, mientras Baker McKenzie ubicó el rango sancionador por adquisiciones sin autorización previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras entre 1,000 y 200,000 veces la UMA. En ambos casos, el cambio introduce un estándar más estricto de cumplimiento para empresas tecnológicas y de infraestructura crítica en México.