Mendoza avanza con una ley de ciberseguridad que crea

Alcance de la iniciativa

El gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley de ciberseguridad que, según la cobertura periodística, busca fijar lineamientos y exigencias para organismos públicos y empresas vinculadas a servicios críticos esenciales. La iniciativa fue ingresada al Senado provincial y quedó asociada a una agenda legislativa más amplia en materia de seguridad, de acuerdo con la comunicación oficial del Gobierno de Mendoza.

El proyecto alcanzaría al Poder Ejecutivo provincial, al Poder Judicial y al Poder Legislativo. También abarcaría a empresas proveedoras de servicios críticos como electricidad, transporte, gas y seguridad, y habilitaría a los municipios a adherir.

Estructura operativa y respuesta a incidentes

La propuesta prevé la creación de un comité ejecutivo especial con una coordinación encargada de llevar adelante la política de custodia y los mecanismos de respuesta ante incidentes. En paralelo, el Senado de Mendoza confirmó que el texto contempla un Centro de Operaciones de Seguridad, conocido como SOC, un Equipo de Respuesta ante Incidentes y un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad.

Según la información difundida por la cámara alta, esas herramientas tendrán funciones de monitoreo permanente, medición de tiempos de respuesta y elaboración de estadísticas. En el mismo marco, profesionales del sector que comentaron públicamente el proyecto en LinkedIn lo describieron como un marco integral de protección de infraestructura digital y mencionaron el rol del comité del Ejecutivo en tareas de fiscalización y coordinación estratégica.

Datos, divulgación responsable y sanciones

El texto difundido por el Senado señala además que el proyecto obliga a implementar un régimen integral de gobernanza de datos para la información pública y ciudadana. Esa regulación cubre todo el ciclo de vida de los datos, desde la creación y el almacenamiento hasta el intercambio seguro, el archivo y la eliminación definitiva.

La iniciativa incorpora un Programa de Divulgación Responsable que habilita a especialistas, investigadores en seguridad y hackers éticos a reportar vulnerabilidades en sistemas públicos bajo reglas de confidencialidad y con protección legal para quienes actúen de buena fe, según la cobertura de Los Andes.

Medios provinciales también indicaron que la norma prevé un régimen progresivo de sanciones para organismos y proveedores que incumplan estándares mínimos de ciberseguridad, con especial énfasis en los casos de ocultamiento de incidentes que afecten servicios públicos o datos sensibles. Además, el proyecto incluye modificaciones a la Ley Provincial de Administración Financiera para agilizar la contratación y actualización de herramientas tecnológicas específicas para ciberseguridad y protección de información estratégica del Estado.

La presentación oficial

La cobertura oficial del Gobierno de Mendoza enmarca la ley dentro de una nueva agenda legislativa de seguridad y la presenta como una política de Estado para proteger infraestructuras digitales. En las piezas difundidas por el Ministerio de Seguridad y Justicia, la iniciativa aparece como una herramienta para reforzar la protección de sistemas y datos del Estado y de la ciudadanía, con foco en la prevención de ciberataques, el blindaje de servicios esenciales y la coordinación entre áreas técnicas y de seguridad.

Coberturas audiovisuales de medios locales documentaron la presentación pública en la Legislatura, encabezada por la ministra Mercedes Rus y su equipo, con énfasis en que la ley busca proteger de manera unificada al Estado frente a ataques y consolidar una política pública de ciberseguridad para servicios esenciales.

Los medios provinciales remarcaron que Mendoza podría ubicarse entre las primeras jurisdicciones del país con una ley integral de ciberseguridad, en un esquema que obliga a empresas que brinden servicios digitales e infraestructura tecnológica al Estado a informar de manera inmediata vulnerabilidades o incidentes que afecten sistemas provinciales.