EE.UU. impulsa nuevas reglas para IA

El Congreso de Estados Unidos avanzó en agosto de 2026 con varias iniciativas que amplían las obligaciones de transparencia y cumplimiento para infraestructura digital, plataformas de IA y servicios críticos. Entre ellas figuran el AI Advertising Disclosure Act, el Ratepayer Bill of Rights Act de 2026, el proyecto Quantum-GUARD para la red eléctrica y el Water Cyber Shield Act para utilities de agua, con efectos potenciales sobre operaciones y filiales que dependan de jurisdicción estadounidense.

¿Qué cambia para las herramientas de IA?

El H.R.10146, AI Advertising Disclosure Act, presentado el 24 de agosto de 2026 por Seth Magaziner y remitido al Comité de Energía y Comercio de la Cámara, obligaría a ciertas herramientas de inteligencia artificial a informar cuando una respuesta contiene contenido patrocinado por un acuerdo comercial. La obligación alcanza a las entidades que operan "covered tools", es decir, herramientas públicas que generan texto, imagen, audio o video.

El texto oficial define de forma amplia el contenido patrocinado y exige divulgaciones específicas cuando la recomendación no fue solicitada explícitamente, cuando el sesgo entra por el system prompt, fuentes de RAG o datos de fine tuning financiados por terceros, o cuando la salida incluye enlaces de afiliado o códigos de referencia. Análisis externos remarcan que el proyecto apunta a herramientas de consumo masivo y amplía el alcance de las reglas de compliance publicitario para modelos fundacionales y asistentes conversacionales.

¿Qué exige a los grandes centros de datos?

El H.R.10139, Ratepayer Bill of Rights Act of 2026, fue introducido el 24 de agosto de 2026 y busca imponer divulgación pública sobre uso de electricidad y agua, costos de infraestructura, impactos en tarifas, asistencia financiera pública y compromisos vinculados con grandes centros de datos. De acuerdo con los análisis citados, las instalaciones que usen al menos 50 megavatios de electricidad o 100.000 galones de agua por día quedarían cubiertas.

La iniciativa también prevé audiencias públicas para los proyectos alcanzados y la obligación de demostrar que la conexión no dañará la fiabilidad del suministro eléctrico para clientes existentes ni la disponibilidad de agua comunitaria. Además, el esquema quedaría bajo jurisdicción compartida de varias agencias federales, entre ellas FERC, el Departamento de Energía y la EPA.

¿Cómo impacta en energía, agua y ciberseguridad?

El Quantum-GUARD Act, presentado por los senadores Mike Rounds y Chris Coons en agosto de 2026, ordenaría a la FERC considerar las amenazas de la computación cuántica al revisar estándares de fiabilidad para propietarios y operadores de sistemas eléctricos bajo la Federal Power Act. Ese análisis incluiría explorar criptografía post cuántica en sistemas de tecnología de la información y de operación, y adoptar las medidas que la comisión considere apropiadas.

En paralelo, el Water Cyber Shield Act, identificado como S.5368, se presenta como una enmienda a la Safe Drinking Water Act y a la Federal Water Pollution Control Act para establecer o modificar requisitos de ciberseguridad en sistemas de agua potable y aguas residuales. Los sumarios del proyecto señalan que la EPA deberá desarrollar estándares escalonados junto con CISA, NIST, estados y actores del sector agua.

¿Qué otras señales marca el Congreso?

Un análisis del Center for American Progress Action recordó que la Cámara aprobó el 22 de mayo de 2025 la versión de la One Big Beautiful Bill Act, con una moratoria de 10 años sobre leyes y regulaciones estatales y locales que limiten, restrinjan o regulen modelos y sistemas de IA. El mismo cuerpo de trabajo del Congreso también mantiene proyectos sobre menores y redes sociales, como Kids Online Safety Act, Children and Teens Online Privacy Protection Act y KIDS Act, según el CRS.

A eso se suma un informe de Legis1 que describe conflictos de cumplimiento entre reglas de ciberseguridad propuestas o emitidas por tres agencias del Departamento de Seguridad Nacional, entre ellas TSA y CISA, para operadores de infraestructura crítica. La recomendación legislativa es avanzar hacia definiciones comunes, una autoridad unificada de reporte o acuerdos de reciprocidad para bajar la carga regulatoria.