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Colombia suspende proceso de ciberseguridad estatal

Colombia Compra Eficiente frenó por 30 días el proceso para un Acuerdo Marco de ciberseguridad, tras advertencias de la Procuraduría.

Whalemate Labs · Research asistido por IAPublicado:2 min

Colombia Compra Eficiente suspendió por 30 días el proceso CCENEG-094-1-2026, con el que buscaba estructurar un futuro Acuerdo Marco de Precios para bienes y servicios de ciberseguridad dirigidos a entidades públicas. La decisión quedó formalizada en la Resolución 463 del 24 de julio de 2026, luego de observaciones de la Procuraduría y de recibir 5.652 comentarios de interesados.

Suspensión temporal del proceso

Colombia Compra Eficiente suspendió por un periodo inicial de 30 días el proceso CCENEG-094-1-2026, con el que buscaba estructurar un futuro Acuerdo Marco de Precios de bienes y servicios de ciberseguridad para entidades públicas. La medida quedó formalizada en la Resolución 463 del 24 de julio de 2026.

Según informó la propia entidad a El Tiempo, la decisión se tomó después de las observaciones de la Procuraduría General de la Nación y de la recepción de 5.652 comentarios de interesados en la convocatoria. Mientras tanto, la entidad revisa los cuestionamientos y define los pasos siguientes.

La suspensión no implica la terminación de la convocatoria. Colombia Compra Eficiente aclaró que el proceso puede reanudarse antes de que se cumplan los 30 días si se resuelven las situaciones que motivaron la medida. La resolución, además, prevé que la suspensión puede prorrogarse si persisten las circunstancias que dieron origen a la decisión.

Qué observó la Procuraduría

El 22 de julio de 2026, la Procuraduría General de la Nación informó que detectó presuntas inconsistencias en el proceso para implementar [herramientas de ciberseguridad](/noticias/colcert-alerta-charlie-telecomunicaciones) en entidades públicas a nivel nacional y pidió a la entidad aclarar aspectos críticos para garantizar condiciones de participación.

En su comunicado oficial, el Ministerio Público describió su actuación como estrictamente preventiva. Aclaró que no suspende el proceso ni sustituye las competencias de Colombia Compra Eficiente, y que su objetivo es anticipar riesgos, fortalecer la transparencia y asegurar condiciones objetivas de participación.

La Procuraduría también exhortó a evaluar la realización de mesas técnicas con fabricantes, proveedores, integradores, expertos, agremiaciones y entidades compradoras antes de avanzar en las etapas definitivas del proceso observado.

Entre los puntos cuestionados, la entidad pidió aclaraciones sobre la pluralidad real de oferentes, la dependencia de autorizaciones de fabricantes, la posible existencia de canales únicos, la selección de marcas en la operación secundaria, la metodología de evaluación económica, el manejo del riesgo cambiario, los requisitos de experiencia, las condiciones de personal, los factores técnicos de puntuación y eventuales inconsistencias entre pliego, anexos, formatos y minuta.

Valor del proceso y reacción pública

La Procuraduría describió el proceso como cercano a 300.000 millones de pesos, al referirse al valor del contrato sobre herramientas de ciberseguridad para entidades públicas. Semana también señaló que el contrato o proceso de selección tenía un valor de casi 300.000 millones y que fue suspendido por un mes tras las advertencias del órgano de control.

En una comunicación interna citada por Semana, la subdirectora de negocios de Colombia Compra Eficiente, Yenny Liseth Pérez, informó la orden de suspensión temporal del proceso de selección para un Acuerdo de Precios del sistema de adquisición de servicios de ciberseguridad, por treinta días o antes si desaparecen las circunstancias que motivaron la medida.

La FM agregó que Colombia Compra Eficiente defendió públicamente el proceso y señaló que, desde mediados de 2025, la estructuración del Acuerdo Marco contó con acompañamiento técnico del Ministerio TIC y que ya se habían realizado mesas técnicas con la industria y entidades estatales. Ese punto matiza la crítica sobre una supuesta falta de participación sectorial.

La misma emisora indicó que una de las principales preocupaciones de la Procuraduría es que las reglas de la licitación podrían limitar la pluralidad real de oferentes y crear una alta dependencia de autorizaciones de los fabricantes, con el riesgo de que la selección de una marca reduzca la participación efectiva a uno o pocos proveedores.

Fuentes

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