Brasil fija nuevas reglas para plataformas digitales

Los decretos 12.975/2026 y 12.976/2026 entraron en vigor el lunes 20 de julio de 2026 y cambiaron de forma directa las reglas de cumplimiento para las plataformas digitales que operan en Brasil. Entre otras medidas, exigen que los proveedores de aplicaciones tengan sede y representante legal en el país, habilitado para responder ante tribunales, entregar información a las autoridades y pagar multas.

El decreto 12.975/2026 modifica el capítulo de fiscalización del reglamento del Marco Civil da Internet de 2014 y coloca a la Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, como autoridad encargada de regular, supervisar e investigar el nuevo régimen de responsabilidad previsto en el artículo 19-A. Poder360 informó además que las plataformas tuvieron hasta el lunes 20 de julio para adecuarse a las nuevas reglas de fiscalización y responsabilización.

Remoción de contenidos y publicidad

Las nuevas reglas obligan a las plataformas a actuar de manera proactiva para retirar contenidos vinculados con racismo, terrorismo, explotación sexual infantil, violencia contra las mujeres e inducción al suicidio, sin necesidad de orden judicial ni denuncia previa de usuarios. La cobertura de Poder360 señala que, aunque se amplía el deber de cuidado, las empresas siguen sin responsabilidad objetiva general por el contenido de terceros y responden cuando dejan de actuar frente a materiales considerados criminales o ilícitos según la legislación brasileña.

El decreto 12.975/2026 también establece que los servicios digitales deben impedir anuncios y contenidos pagos que promuevan actividades criminales o ilícitas, y conservar durante un año la información sobre anuncios pagos y anunciantes para fines de fiscalización. A eso se suma un deber de diligencia para remover contenidos considerados publicidad engañosa, abusiva o fraudulenta, después de notificación de órganos de defensa del consumidor o de la Advocacia-Geral da União cuando estén involucradas políticas públicas.

Según La Nación, el decreto altera el Marco Civil de Internet y fija obligaciones y eventuales sanciones para proveedores de aplicaciones en casos de anuncios pagos con mensajes que incentiven la violencia y amenazas a la democracia. En la misma línea, una cobertura en video destacó que no se creó un órgano estatal para decidir qué es desinformación, sino que se refuerza el deber de identificar y remover por iniciativa propia contenidos ya encuadrados como delitos.

Violencia digital de género y estándar de falha sistêmica

El decreto 12.976/2026 crea un régimen paralelo para la violencia digital de género e incluye una ventana de dos horas para retirar imágenes íntimas no consentidas en plataformas digitales. Ambos decretos incorporan al orden administrativo el estándar de falha sistêmica definido previamente por el Supremo Tribunal Federal, con lo cual puede haber responsabilidad civil de plataformas sin orden judicial previa cuando no adoptan medidas adecuadas frente a contenidos gravemente ilegales como terrorismo, explotación sexual infantil, tráfico de personas o incitación a la violencia.

SMAB Advogados informó que el STF moduló los efectos de su tesis sobre responsabilidad civil de plataformas y que la nueva interpretación se aplica desde el 5 de agosto de 2025, con excepción de actos continuados o permanentes. Esa tesis ajustada prevé responsabilidad solidaria del proveedor cuando, tras recibir notificación en casos de crimen o acto ilícito, no adopta providencias cabibles, salvo que demuestre duda razonable sobre la ilicitud después de un análisis diligente y calificado.

Consulta en la ANPD y reacción en el Senado

La ANPD abrió una toma de subsidios específica para implementar las nuevas competencias asignadas por los decretos 12.975 y 12.976. La instancia permite que ciudadanos, empresas, especialistas y organizaciones envíen aportes por medio de la plataforma Brasil Participativo. Según AdvemFoco, la autarquía busca detallar obligaciones de transparencia, canales de atención para usuarios y no usuarios, y parámetros de actuación diligente de las plataformas en la remoción de contenidos criminales.

En paralelo, el Senado recibió el PDL 460/2026 con el objetivo explícito de anular los efectos del decreto presidencial que altera reglas para proveedores de internet y plataformas digitales. La propuesta cuestiona las nuevas obligaciones de monitoreo de contenido y preservación de datos impuestas por el Ejecutivo sin una ley específica aprobada por el Congreso Nacional, y presenta los decretos 12.975/2026 y 12.976/2026 como regulaciones potencialmente excesivas. También sostiene que su anulación busca preservar derechos fundamentales de los usuarios frente a la expansión de deberes de monitoreo y conservación de datos por parte de las plataformas.